El IMSS, la institución de seguridad social más grande del país, es la segunda en registrar estos matrimonios, luego que en 2013 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) iniciara su inscripción de estas parejas.
El Conapred afirmó esta tarde que las nuevas políticas del IMSS y el ISSSTE “concretan con claridad el criterio legal que deben seguir todas las instituciones de seguridad social que existen en México -sean federales o estatales-, de tal manera que brinden sus servicios en condiciones de igualdad y sin discriminación.”.
Foto: AP
Ni las Iglesias se salvarán del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues las asociaciones religiosas tendrán que modernizar su contabilidad e informar a partir del 1º de septiembre sobre sus ingresos. La información será enviada de forma digital, incluyendo su registro analítico de operaciones de ingresos y egresos junto con la documentación comprobatoria correspondiente.
De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, las iglesias también deberán expedir comprobantes fiscales simplificados electrónicos, como hacen el resto de los contribuyentes, a diferencia de lo que han venido haciendo hasta la fecha, pues sólo llevan contabilidad manual por si el SAT la requiere.
Según Microsip, desarrollador de soluciones tecnológicas, este nuevo comprobante fiscal puede ser una factura global diaria, semanal o mensual por todos los ingresos donde el donador no es identificable. Esto aplicaría en las ofrendas, diezmos, primicias y donativos que reciban en las celebraciones de culto público o que sean depositadas en alcancías o canastillas.
Además, a partir del 15 de febrero de 2015, las asociaciones religiosas deberán presentar su Declaración Informativa Múltiple (DIM), que incluye sueldos de sus trabajadores, así como nombre y RFC de las asociaciones religiosas y monto de los donativos.
Para Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis de México, las nuevas obligaciones serán difíciles de cumplir, pues están alejadas de la realidad que viven muchas iglesias en México. “Nos parecen cambios insensibles, fuera de lugar, y pensamos que no es posible que se nos quiera dar trato como de empresas cuando las asociaciones religiosas tienen una naturaleza distinta. Volvemos al tema del recibo electrónico. Las iglesias que están en la sierra o en zonas alejadas no están en posibilidades de cumplir con eso”, dijo.
El Padre Pablo Pedrazzi, secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), indicó que para las Asociaciones Religiosas (AR) el nuevo sistema fiscal está presentando una enorme carga administrativa.
“¿Qué está reportando para las AR?, una enorme carga administrativa, sobre todo para aquellas que están en lugares de difícil acceso, que están en la sierra o en pueblos, que no tienen suficientes recursos económicos ni humanos para poder acceder a estos sistemas, entenderlos, llevarlo adelante”, comentó al respecto.
La Iglesia católica, informó, está intentando modernizar los sistemas y mediante asistencia profesional introducir los cambios necesarios de manera gradual, aunque hay otras AR, las más grandes, que ya operan con el sistema electrónico.
En el caso de la fiscalización de los donativos y limosnas, Pedrazzi corroboró que se contabilizan todas las entradas, pero que, debido al anonimato de las limosnas recibidas en canastillas o alcancías, se informa sólo del monto general de esto.
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1.¿está presente el Derecho en la nota?Si, no, ¿por que?Argumenta tu respuesta.
Si hay derecho, sabemos que los derechos están estipulados
en la constitución que tiene las leyes primarias, que se respeten o no es
diferente, y en esta noticia hay violación del derechos de los individuos. Como son
principalmente el derecho a la vida, seguridad jurídica, la legalidad, y la
seguridad personal de las víctimas.
2. ¿Qué figuras del derecho identificas? Enlístalas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía federal en un ataque en el norte del país en el que los agentes mataron a una mujer e hirieron a una niña de 3 años.
Así lo indicó el organismo este sábado 9 de agosto en un comunicado en el que también dio a conocer su recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR)para que investigue el suceso, petición que la fiscalía ya ha aceptado.
Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2012 cuando un matrimonio con sus dos hijas de 3 y 4 años viajaba en coche por la ciudad de Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila. Dicha entidad ha sido afectada por la violencia vinculada al crimen organizado.
La CNDH indicó que dos patrullas con elementos de la policía federal siguieron al vehículo familiar, pidieron que se detuviera y le dispararon. La mujer, que iba en el asiento del copiloto, murió, y una de las niñas, la de tres años, “perdió el ojo derecho por estallido ocular debido a proyectil de arma de fuego”.
En el suceso también fue herida una persona que transitaba por el lugar.
Según el reporte de la Comisión, los policías bajaron al conductor del coche y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Éste despertó ocho días después en un hospital en calidad de detenido.
Por todos estos motivos, dicho organismo considera acreditado que los policías transgredieron “los derechos a la seguridad jurídica, la legalidad, la integridad y la seguridad personal de las víctimas” y que hubo una “inadecuada procuración de la justicia” por parte de la Procuraduría General de la República.
La institución, que tardó más de dos años en pronunciarse, pide ahora a la fiscalía que investigue los hechos y al gobierno federal que se reparen los daños ocasionados y se brinde atención médica y psicológica a los sobrevivientes.
El uso excesivo de la fuerza no es algo nuevo en México, ni se limita al gobierno anterior (2006-2012), el cual lanzó una guerra frontal al crimen organizado que supuso el despliegue de miles de militares y policías federales en amplias zonas del país.
Según un informe de junio de este año del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en México no se han rendido cuentas por violaciones a los derechos humanos en el pasado y “siguen produciéndose un número alarmante de violaciones del derecho a la vida” que está “gravemente amenazado”.
El relator hizo entonces especial hincapié “en poner fin a la impunidad”, un “problema serio” que constituye “el Talón de Aquiles del sistema actual” mexicano, y para ello recomendó disminuir la participación del ejército en tareas policiales y “establecer normas claras y ampliamente difundidas” sobre el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad.
El último caso que generó polémica en México fue la muerte a manos del ejército de 22 personas el pasado 30 de junio en una localidad del Estado de México, San Pedro Limón, en el centro del país.
Según la versión oficial, se trató de un enfrentamiento que acabó con 22 presuntos criminales abatidos, pero de acuerdo a los datos recabados por periodistas de la AP que acudieron al lugar, el suceso tenía las características de una ejecución extrajudicial, ya que los reporteros no vieron señales de balacera cruzada y sí observaron rastros que sugerían que las personas estaban de pie, apoyadas contra o muy cerca de la pared, y que recibieron uno o dos tiros certeros a la altura del pecho.
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1.¿está presente el Derecho en la nota?Si, no, ¿por que?Argumenta tu respuesta.
Si hay derecho, de igual forma que en la noticia 3 sabemos que los derechos están estipulados en
la constitución que tiene las leyes primarias, que se respeten o no es
diferente, y en esta noticia hay violación del derechos de los individuales
y ambientales como es la Ley General De Gestión De Residuos Y A La Norma 159
SERMANAT-2011.
2. ¿Qué figuras del derecho identificas? Enlístalas.
-Procuraduría Federal De Protección Al Ambiente.
-Unidad Especializada En Investigación De Delitos Contra
El Ambiente Prevista En Leyes Especiales.
-Procuraduría General De La Republica.
Derrame en Sonora. Foto: Profepa.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó denuncia penal contra Buena Vista del Cobre y/o Minera México, por su presunta responsabilidad en el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado.
La acción, interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), imputa a las compañías la probable comisión de delitos contra el ambiente.
La Profepa explicó en un comunicado que ambos delitos están previstos y son sancionados por el Artículo 414 del Código Penal Federal, que señala hasta 9 años de prisión y 300 mil días de salarios mínimos a los responsables.
Detalló que determinó la denuncia a partir de que se tuvo a la vista el acta de inspección número 08082014-SII-I-062, tras cumplir la orden de inspección PFPA/32.2/2C.27.1/113-14, levantada el 8 de agosto por la Profepa en Sonora.
A criterio de la procuraduría ambiental, las mineras ocasionaron un derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, detectado a las 10:00 horas del 6 de agosto.
En principio, ese material se vertió sobre un arroyo denominado Las Tinajas o Rastritas, localizado aguas abajo del represo Tinaja 1, siguiendo una trayectoria de 89 kilómetros en el municipio de Cananea.
En consecuencia, la Profepa levantó la denuncia por delitos contra el ambiente previstos y sancionados por el Código Penal Federal, a las empresas y/o quien o quienes resulten responsables, con domicilio en el municipio de Cananea.
De acuerdo con el numeral 414 del Código Penal Federal, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 320 mil días de multa al que ilícitamente o sin las medidas de prevención o seguridad, realice actividades con sustancias consideradas peligrosas por sus características y que cause daño a los recursos naturales.
Además, la Profepa ordenó ya una visita de inspección en materia de impacto ambiental a todas las instalaciones de la empresa Buena Vista del Cobre, a fin de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de su autorización en materia de impacto ambiental.
Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento administrativo ya iniciado por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos y a la NOM-159-SEMARNAT-2011, que se resolvería en un plazo no mayor a 60 días hábiles y cuya multa pudiera llegar a los 50 mil salarios mínimos.
A esto se suma el juicio por Responsabilidad Ambiental que podría entablarse en el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, donde la sanción económica para la empresa podría alcanzar 40 millones de pesos, con independencia de la reparación de los daños ocasionados por la emergencia ambiental.
